Opiniones de partes interesadas externas
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 18 ENE. 2023
El equipo de participación de las partes interesadas de Meta en políticas de contenido colabora con organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y otros líderes intelectuales para reunir conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo de nuestras políticas de contenido. Trabajamos con equipos internos para incorporar los comentarios de las partes interesadas en el proceso de desarrollo de políticas. Nuestro objetivo es crear políticas que reflejen la amplia aportación de una base de partes interesadas inclusiva.
Nos preguntan con frecuencia en qué manera la colaboración con partes interesadas nos ha permitido diseñar nuestras políticas de contenido. A continuación enumeramos algunos ejemplos:
1. COMPROMISO PARA ERRADICAR ESTEREOTIPOS DAÑINOS
Como parte de la política sobre lenguaje que incita al odio, Meta ha creado una política que busca eliminar estereotipos dañinos. La colaboración con partes interesadas ha permitido que el equipo de política de contenido desarrolle un marco para comprender y abordar dichos estereotipos. Nuestro equipo ha consultado a partes interesadas de todo el mundo, incluidos académicos expertos en lenguaje que incita al odio, psicólogos sociales, historiadores y organizaciones de la sociedad civil en ámbitos como la libertad de expresión. Las partes interesadas nos han ayudado a comprender el importante papel que tienen la discriminación histórica y el estado de minoría en la creación de estereotipos. Los expertos han destacado también que los estereotipos dañinos generan una sensación de inseguridad e impiden que quienes son víctimas de ellos participen como ciudadanos.
2. LENGUAJE QUE INCITA AL ODIO: ATAQUES CONTRA PERSONAS FRENTE A ATAQUES CONTRA CONCEPTOS
Nuestra política de lenguaje que incita al odio se centra en los ataques contra las personas. Por otro lado, en virtud de nuestras políticas, en general permitimos los ataques contra conceptos, ideas, prácticas, creencias e instituciones, con el objetivo de que surjan amplios debates sobre estos temas. No obstante, tanto las partes interesadas como los usuarios nos han explicado que, en algunos casos, permitir que las personas critiquen o ataquen instituciones o conceptos íntimamente vinculados a personas con una característica protegida específica genera daños, como posible violencia e intimidación. Estos comentarios nos han llevado a iniciar nuestro desarrollo de políticas en torno a esta área de nuestras normas sobre lenguaje que incita al odio. Colaboramos con diversos académicos y organizaciones de la sociedad civil, incluidos expertos en lenguaje peligroso y prevención de atrocidades, profesionales dedicados a los derechos humanos, psicólogos sociales que estudian asuntos de identidad personal, defensores de la libertad de expresión y grupos que representan puntos de vista religiosos y no religiosos en todo el mundo. Nuestra política revisada dictamina que, en determinadas circunstancias, eliminaremos “Contenido en el que se ataquen conceptos, ideas, prácticas, creencias o instituciones asociados con características protegidas y que probablemente contribuya a intimidar, discriminar o causar daños físicos de manera inminente a las personas asociadas con dicha característica”. Consulta la sección de nuestra política de lenguaje que incita al odio, cuya aplicación exige información adicional o contexto.
3. ASESORAMIENTO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES
Para aportar una base de conocimiento a la definición normativa que define los medios de comunicación estatales, hemos consultado a expertos de todo el mundo especializados en los ámbitos de los medios de comunicación, la gobernanza y los derechos humanos. Esta información ha sido fundamental para ayudarnos a entender las diferentes formas en que los Gobiernos pueden ejercer control editorial sobre determinadas entidades de medios. Colaboramos con algunos de los principales defensores de la libertad de prensa, incluidos Reporteros Sin Fronteras, Center for International Media Assistance, European Journalism Centre, la Universidad de Oxford, Center for Media, Data and Society (CMDS) de la Universidad Centroeuropea, el Consejo de Europa, la UNESCO, el Foro Mundial para el Desarrollo de Medios (GFMD), African Centre for Media Excellence (ACME), y SOS Support Public Broadcasting Coalition, entre otros. Sabemos que los gobiernos siguen usando mecanismos de financiación para controlar los medios, pero hay mucho más detrás. Por ello, nuestra definición de medios controlados por el Estado se extrae no solo de una simple evaluación del control financiero o la propiedad, sino de una evaluación del control editorial que ejerce el Gobierno.
4. EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ADULTOS
Hemos elaborado nuestra política sobre explotación sexual de adultos de forma significativa gracias a la aportación de las partes interesadas. Por ejemplo, en el desarrollo de nuestro enfoque respecto a contenido que identifica a víctimas adultas de abuso sexual en casos en que los defensores comparten las historias de dichas víctimas o permiten que su voz se escuche de forma más clara, colaboramos con una amplia variedad de académicos y organizaciones de la sociedad civil en los que repercute la política, incluidos periodistas, expertos legales, feministas y grupos activistas que realizan campañas, y ONG que defienden los derechos de la mujer. Gracias a estas colaboraciones, hemos logrado crear una política que pretende dar voz a movimientos sociales y campañas de concienciación, y respetar al mismo tiempo la dignidad y privacidad de las víctimas.
5. MEDIDAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y RESPETO POR EL DERECHO DE LOS SOLICITANTES DE ASILO
Durante mucho tiempo, nuestra política sobre explotación de personas ha prohibido a los usuarios publicar contenido que ofrezca servicios de tráfico ilegal de personas. No obstante, nuestras políticas admiten ciertas concesiones en relación con contenido que solicita servicios de tráfico ilegal. En 2021, revisamos nuestro enfoque con la ayuda de partes externas, incluidos defensores de derechos humanos, expertos en delitos transfronterizos, organismos de la ONU y ONG, quienes detectaron una compleja encrucijada: si bien las solicitudes de servicios de tráfico ilegal pueden favorecer el acercamiento entre aquellos que usan indebidamente nuestras plataformas y personas vulnerables, eliminar dichas publicaciones podría impedir que las personas busquen protección o ejerzan su derecho a solicitar asilo. Al final, gracias a los expertos, llegamos a la conclusión de que podríamos mitigar los riesgos de explotación y respetar al mismo tiempo los derechos de nuestros usuarios si actualizábamos nuestra política para eliminar las solicitudes de tráfico ilegal de personas y acompañábamos dicha eliminación con una página de información. Esta página, desarrollada en colaboración con expertos externos, contiene detalles sobre los derechos de las personas como refugiados y solicitantes de asilo, y sobre cómo pueden evitar la explotación.
6. OPINIONES RESPECTO AL PROTOCOLO DE POLÍTICAS SOBRE EMERGENCIAS
En 2022, publicamos nuestro Protocolo de políticas sobre emergencias (CPP) para codificar nuestra respuesta ante una crisis en virtud de la política de contenido. En función de una recomendación del Consejo asesor de contenido, este marco nos permite evaluar situaciones de crisis que podrían requerir una respuesta normativa específica. En el desarrollo del protocolo, consultamos a expertos de todo el mundo con experiencia en seguridad nacional, relaciones internacionales, respuesta humanitaria, prevención de conflictos y derechos humanos, y exploramos cómo fortalecer los procedimientos actuales e incluir nuevos componentes, como criterios para entrar y salir de una crisis. Las partes interesadas nos ayudaron a detectar señales clave que se deben emplear a la hora de determinar si se ha alcanzado el límite de una crisis. Nuestras partes interesadas internacionales aportaron perspectivas de regiones cuya estabilidad política varía en gran medida. En general, su contribución nos permitió garantizar que nuestro protocolo emita respuestas de manera más oportuna, sistemática y equitativa durante una crisis. Obtén más información aquí y aquí.
7. ATAQUES EN GRUPO Y ACOSO MASIVO
Como parte de nuestro enfoque para combatir el bullying y el acoso, hemos recurrido a diversas partes interesadas que han sido víctimas directas de ataques en grupo o acoso masivo, incluidos activistas que defienden los derechos de la mujer, representantes de la comunidad LGBTQI+, grupos minoritarios, periodistas, activistas de derechos humanos y figuras públicas. Asimismo, hemos consultado a expertos que estudian el acoso online y las operaciones de influencia respaldadas por el Estado, así como a defensores de la libertad de expresión. Las partes interesadas han reconocido que tanto el activismo legítimo como los ataques en grupo dañinos pueden exhibir los mismos comportamientos online, como denuncias masivos, inundación de comentarios o bombardeo con hashtags. Por ello, se nos ha recomendado centrarnos en factores específicos del contexto para establecer diferencias entre casos de uso, y hacer hincapié en la naturaleza del contenido publicado, el impacto que ha tenido en la víctima y el potencial del comportamiento de producir daños fuera de internet. Las opiniones recibidas nos han permitido elaborar la primera iteración de nuestra política sobre ataques en grupo y acoso masivo, pque forma parte de nuestra política sobre bullying y acoso.