El equipo de participación de partes interesadas en políticas de contenido colabora con organizaciones de sociedad civil, el sector académico y otros líderes intelectuales para reunir conocimiento y experiencias que contribuyan al desarrollo de nuestras políticas de contenido. Trabajamos con equipos internos para incorporar los comentarios de las partes interesadas en el proceso de desarrollo normativo. Nuestro objetivo es crear políticas que reflejen el amplio aporte de una base de partes interesadas inclusiva.
Nos preguntan con frecuencia de qué manera la colaboración con partes interesadas nos permitió forjar nuestras políticas de contenido. Estos son algunos ejemplos:
1. COMPROMISO PARA ERRADICAR ESTEREOTIPOS DAÑINOS
Como parte de la política de lenguaje que incita al odio, Meta creó una política que busca erradicar estereotipos dañinos. La colaboración con partes interesadas permitió que el equipo de política de contenido desarrolle un marco para comprender y abordar dichos estereotipos. Nuestro equipo consultó con partes interesadas de todo el mundo, incluidos académicos expertos en lenguaje que incita al odio, psicólogos sociales, historiadores y organizaciones de sociedad civil en ámbitos como libre expresión. Las partes interesadas nos ayudaron a comprender el importante papel que tiene la discriminación histórica y el status como minoría en la creación de estereotipos. Los expertos destacaron también que los estereotipos dañinos generan una sensación de inseguridad e impiden que quienes son víctimas de ellos participen como ciudadanos.
2. LENGUAJE QUE INCITA AL ODIO: ATAQUES CONTRA PERSONAS FRENTE A ATAQUES CONTRA CONCEPTOS
Nuestra política de lenguaje que incita al odio se centra en los ataques contra las personas. Por otro lado, en virtud de nuestras políticas, permitimos en general que se arremeta contra conceptos, ideas, prácticas, creencias e instituciones, con el objetivo de que surjan amplios debates sobre estos temas. No obstante, tanto las partes interesadas como los usuarios nos explicaron que permitir que las personas critiquen o ataquen instituciones o conceptos íntimamente vinculados con personas con una característica protegida particular, en algunos casos, genera daños, como posible violencia e intimidación. Dicha devolución nos condujo a iniciar nuestro desarrollo normativo en torno a esta área de nuestras normas sobre lenguaje que incita al odio. Colaboramos con diversos académicos y organizaciones de sociedad civil, incluidos expertos en lenguaje peligroso y prevención de atrocidades, profesionales dedicados a los derechos humanos, psicólogos sociales que estudian asuntos de identidad personal, defensores de la libertad de expresión y grupos que representan puntos de vista religiosos y no religiosos en todo el mundo. Nuestra política revisada dictamina que, en determinadas circunstancias, eliminaremos "contenido que ataque conceptos, instituciones, ideas, prácticas o creencias asociados con características protegidas, que probablemente contribuya a un daño físico inminente, intimidación o discriminación contra las personas asociadas con esa característica protegida". Consulta la sección de nuestra política de lenguaje que incita al odio, cuya aplicación exige información adicional o contexto.
3. ASESORAMIENTO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO
Para orientar la definición normativa de medios del Estado, consultamos a expertos de todo el mundo que se especializan en medios de comunicación, gobernanza y derechos humanos. Esta información fue fundamental para ayudarnos a entender las diferentes formas en que los Gobiernos pueden ejercer control editorial sobre determinadas entidades de medios. Colaboramos con algunos de los principales defensores de la libertad de prensa, incluidos Reporters Without Borders, Center for International Media Assistance, European Journalism Centre, la Universidad de Oxford, Center for Media, Data and Society (CMDS) de la Universidad Centroeuropea, el Consejo de Europa, la UNESCO, el Foro Mundial para el Desarrollo de Medios (GFMD), African Centre for Media Excellence (ACME), y SOS Support Public Broadcasting Coalition, entre otros. Sabemos que los gobiernos continúan usando mecanismos de financiación para controlar los medios, pero hay mucho más detrás. Por ello, nuestra definición de medios controlados por el Estado se extrae no solo de la mera evaluación del control financiero o la propiedad, sino de una evaluación del control editorial que ejerce el Gobierno.
4. EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ADULTOS
Moldeamos nuestra política de explotación sexual de adultos de maneras importantes gracias al aporte de las partes interesadas. Por ejemplo, en el desarrollo de nuestro enfoque respecto del contenido que identifica a víctimas adultas de abuso sexual en casos en que los defensores comparten las historias de dichas víctimas o permiten que su voz se escuche más fuerte, colaboramos con una amplia variedad de académicos y organizaciones de sociedad civil en los que repercute la política, incluidos periodistas, expertos legales, feministas y grupos activistas que realizan campañas, y ONG que defienden los derechos de la mujer. Gracias a estas colaboraciones, logramos crear una política que pretende dar voz a movimientos sociales y campañas de concientización, y respetar al mismo tiempo la dignidad y privacidad de las víctimas.
5. MEDIDAS SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y RESPETO POR EL DERECHO DE LOS SOLICITANTES DE ASILO
Durante mucho tiempo, nuestra política de explotación de personas prohibió a los usuarios publicar contenido que ofrezca servicios de tráfico ilegal de personas. No obstante, nuestras políticas admiten ciertas concesiones en relación con el contenido que solicita servicios de tráfico ilegal. En 2021, revisamos nuestro enfoque con la ayuda de partes externas, incluidos defensores de derechos humanos, expertos en delitos transfronterizos, organismos de la ONU y ONG, quienes detectaron una compleja encrucijada: si bien las solicitudes de servicios de tráfico ilegal pueden favorecer el acercamiento entre aquellos que usan indebidamente nuestras plataformas y personas vulnerables, eliminar dichas publicaciones podría impedir que las personas busquen protección o ejerzan su derecho a solicitar asilo. Al final, gracias a los expertos, llegamos a la conclusión de que podríamos mitigar los riesgos de explotación y respetar al mismo tiempo los derechos de nuestros usuarios si actualizábamos nuestra política para eliminar las solicitudes de tráfico ilegal de personas y acompañábamos dicha eliminación con una página de información. Esta página, desarrollada en colaboración con expertos externos, contiene detalles sobre los derechos de las personas como refugiados y solicitantes de asilo, y cómo pueden evitar la explotación.
6. APORTES RESPECTO DEL PROTOCOLO DE LA POLÍTICA DE CRISIS
En 2022, publicamos nuestro protocolo de la política de crisis para codificar nuestra respuesta ante crisis en virtud de la política de contenido. En función de una recomendación del Consejo asesor de contenido, este marco nos permite evaluar situaciones de crisis que podrían requerir una respuesta normativa específica. En el desarrollo del protocolo, consultamos a expertos de todo el mundo con trayectoria en seguridad nacional, relaciones internacionales, respuesta humanitaria, prevención de conflictos y derechos humanos, y exploramos cómo fortalecer los procedimientos actuales e incluir nuevos componentes, como criterios para entrar y salir de una crisis. Las partes interesadas nos ayudaron a detectar señales clave que se deben emplear a la hora de determinar si se alcanzó el límite de una crisis. Nuestras partes interesadas internacionales aportaron perspectivas de regiones cuya estabilidad política varía en gran medida. En general, su contribución nos permitió garantizar que nuestro protocolo emita respuestas de manera más oportuna, sistemática y equitativa durante una crisis. Obtén más información aquí y aquí.
7. ACOSO GRUPAL Y MASIVO
Como parte de nuestro enfoque para combatir el bullying y el acoso, recurrimos a diversas partes interesadas que fueron víctimas directas de acoso grupal o masivo, incluidos activistas que defienden los derechos de la mujer, representantes de la comunidad LGBTQI+, grupos minoritarios, periodistas, activistas de derechos humanos y figuras públicas. Asimismo, consultamos a expertos que estudian el acoso online y las operaciones de influencia respaldadas por el Estado, así como a defensores de la libertad de expresión. Las partes interesadas reconocieron que tanto el activismo legítimo como el acoso grupal dañino pueden exhibir los mismos comportamientos online, como reportes masivos, cataratas de comentarios o bombardeo de hashtags. Por ello, se nos recomendó centrarnos en factores específicos del contexto para establecer diferencias entre casos de uso, y hacer hincapié en la naturaleza del contenido publicado, el impacto que tuvo en la víctima y el potencial del comportamiento de producir daños offline. El aporte que recibimos nos permitió elaborar la primera iteración de nuestra política sobre acoso grupal y masivo, parte de nuestra política de bullying y acoso.